El respeto de la dignidad del ser humano, de su autonomía y su responsabilidad en los programas de justicia distributiva (via Unesco Courier)

Por PAULETTE DIETERLEN* 

“La existencia de un fenómeno de privación y de pobreza absoluta que afecta a millones de personas funda, desde una perspectiva humanista, el deber y los principios de una intervención: la justicia distributiva. Esta se concilia con un auténtico humanismo sólo cuando se aplica en el respeto de la dignidad del ser humano, de su autonomía y su responsabilidad.   

Pese a los numerosos tratados, acuerdos y cumbres internacionales celebrados en el siglo pasado y en lo que va del presente con el propósito de combatir la pobreza en el mundo y reducir las desigualdades, es poco lo que se ha avanzado para alcanzar esos objetivos.

El fenómeno de la extrema pobreza lejos de disminuir se agrava día a día. En 2008, según estimaciones del Banco Mundial, 1.400 millones de personas vivían por debajo de la línea de pobreza, es decir, con un gasto diario inferior a $1,25 dólares por persona. En la actualidad el mundo cuenta con cerca de 7 mil millones de habitantes, lo que significa que un 20% de la población mundial carece de recursos para satisfacer sus necesidades básicas, es víctima de tratos inhumanos y está condenada a sobrevivir en condiciones de exclusión social, económica y política. 

En filosofía moral, existe una teoría directamente relacionada con el tema de la pobreza y las desigualdades: la justicia distributiva, que se justifica por la necesidad de corregir una distribución de recursos o bienes que se considera ilegítima desde el punto de vista de los derechos, méritos o necesidades de las personas. 

Las distintas versiones de esta teoría dependerán del mayor o menor énfasis que se ponga en el aspecto económico, político o ético, y de la concepción del ser humano en que se basen las políticas de distribución resultantes.

Por ejemplo, si se considera a los individuos de escasos recursos como entes pasivos, incapaces de determinar sus objetivos y necesidades, el resultado serán políticas paternalistas, en las que los sujetos beneficiarios de la distribución no tendrán voz ni voto acerca de sus opciones vitales porque otros decidirán en su lugar. Se trata de una práctica frecuente en muchos países, que puede resultar totalmente  contraproducente cuando no se respetan los usos y costumbres de los beneficiarios.

Así, por ejemplo, en México, un programa estatal de distribución de viviendas decidió instalar un lavadero en cada hogar. Como las amas de casa estaban habituadas a lavar en el río, prescindieron de los lavaderos y los utilizaron para hacer altares domésticos, con el resultado de que las ofrendas terminaron por obstruir las cañerías.

Otra versión de justicia distributiva verá a las personas esencialmente como agentes económicos o “maximizadores” de utilidad. Según los partidarios de esta teoría, que calcula los costos en unidades monetarias y los resultados en “unidades de utilidad”, habría que desarrollar políticas que contribuyan a aumentar las unidades de utilidad de los más desfavorecidos afin de mejorar su bienestar y paliar la pobreza. En este caso, no son los poderes públicos sino la rentabilidad la que define las prioridades.

Por ejemplo, en Estados Unidos, al establecer las prioridades de distribución de servicios médicos, se decidió costear operaciones de amígdalas en detrimento de los recursos destinados a terapias de diálisis renal, aunque ello hiciera peligrar la vida de los enfermos de riñón, porque ello permitía incrementar el número de beneficiarios a un menor costo.

En cambio si, conforme a una concepción más kantiana, concebimos a las personas no sólo como medios, sino también como fines, las políticas de distribución resultantes incluirán el desarrollo de condiciones económicas y sociales que ofrezcan a sus beneficiarios oportunidades de realizar sus proyectos de vida. Esta idea se basa en una concepción del ser humano como individuo digno y autónomo, capaz de elegir entre las diferentes opciones que se le presenten.   Ésta es, sin duda, la postura más ética dentro de la justicia distributiva y la más apegada a una visión humanista.

Un ejemplo de ello es el programa Progresa, en México, que en lugar de distribuir alimentos, lleva a cabo campañas de educación e información sobre la salud y la alimentación y otorga a las familias desfavorecidas una determinada suma de dinero, confiando en su capacidad para decidir sobre la mejor manera de invertir esos recursos.

Justicia global

Ahora bien, ¿la justicia distributiva debe adoptar como “unidad” de distribución al individuo o al grupo social?

Esta cuestión es motivo de polémica entre los pensadores liberales, con sus propuestas igualitarias, y los llamados comunitaristas. Estos últimos atribuyen el fracaso de las políticas sociales basadas en el individuo al hecho de que olvidan que el ser humano no es un ente aislado, sino un ser arraigado en una cultura y un grupo social que le confieren su identidad.

Para los comunitaristas, es indispensable por ello tener en cuenta la historia y particularidades de cada comunidad, pues cada grupo social posee formas específicas de producir, redistribuir y consumir sus bienes y servicios. Los defensores de una justicia distributiva basada en el individuo sostienen, por su parte, que las comunidades no son homogéneas y que, por consiguiente, es imposible satisfacer los criterios de distribución si no se da un carácter prioritario a los individuos que las componen.

Existe una tercera versión de justicia distributiva, la llamada “justicia global”, que pretende superar el concepto tradicional de estado-nación para ocuparse de los problemas que plantea la pobreza y las desigualdades en un contexto mundial. Los teóricos de una justicia global proponen un sistema de instituciones internacionales encargadas de reparar las injusticias cometidas contra las personas en su condición de habitantes del planeta, y no en cuanto miembros de una comunidad o ciudadanos de un determinado país. 

Desde una perspectiva humanista, los tres tipos de teorías –individuales, comunitaristas y globales– comparten un mismo objetivo: aplicar políticas de justicia distributiva que consideren a las personas como seres dignos y capaces de ejercer su autonomía.

En la actualidad se están desarrollando en México políticas públicas de lucha contra la pobreza que incitan a los individuos a expresar sus carencias y a optar por los bienes que consideran más necesarios, fortaleciendo así el poder de decisión y la responsabilidad de los beneficiarios. Cuando la piedra angular es la persona considerada como un fin en sí mismo y se proponen políticas que mejoran su calidad de vida en condiciones dignas, de igualdad y de respeto de sus derechos, puede decirse que la justicia distributiva reivindica los valores del humanismo. 

*Paulette Dieterlen es una filósofa e investigadora mexicana, miembro del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en temas de justicia distributiva y políticas públicas. Es autora, entre otras obras, de La pobreza: un estudio filosófico (Fondo de Cultura Económica/Instituto de Investigaciones Filosóficas, 2002).  

Leído en: UnescoCourier Oct/Dic 2011 dedicado al “humanismo”.

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