Un caso de derecho a la muerte asistida

Noviembre de 2014
Oregon – Estados Unidos: murió Brittany, la joven que conmocionó al mundo al anunciar su muerte asistida.

 Deathwithdignity“La joven de 29 años, que padecía un cáncer terminal en el cerebro y había anunciado su muerte asistida para el 1 de noviembre, murió el sábado en su casa de Portland, tras publicar un mensaje de despedida en la red social Facebook.

 “Con tristeza anunciamos la muerte de una mujer querida y maravillosa, Brittany Maynard. Ella murió en paz en su cama rodeada de su familia y seres queridos”, afirmó en un comunicado la ONG “Compassion & Choices, que se dedica asesorar a enfermos terminales que desean una muerte digna, pero no precisó la fecha del fallecimiento de la joven, según consignó EFE.

 Maynard, que anunció su muerte asistida para el 1 de noviembre por tener un tumor cerebral con un pronóstico de pocos meses de vida, el jueves señaló que había pospuesto su decisión para disfrutar más tiempo con sus seres queridos.

 Por su parte, la revista “People” informó que la chica falleció el sábado en su casa de Portland, en el estado de Oregón, Estados Unidos, tras publicar un mensaje de despedida en la red social Facebook.

 “Adiós a todos mis queridos amigos y a la familia que amo. Hoy es el día que elegí para morir con dignidad ante mi enfermedad terminal, este cáncer cerebral terrible que me quitó tanto, pero que me habría quitado mucho más”, escribió Maynard.

 “El mundo -agregó- es un lugar maravilloso, viajar ha sido mi gran maestro, mis amigos íntimos y demás son los más generosos. Incluso tengo un grupo apoyándome mientras escribo. Adiós, mundo. Difundan buena energía. ¡Transmitanla!”.

 El caso de Maynard, que tuvo una gran repercusión mediática en todo el mundo y reavivó el debate acerca de si la eutanasia o la muerte asistida es un “derecho” que debería estar contemplado por la ley, o al menos no penalizado, y hasta qué punto se trata de un acto de autodeterminación sobre el cuerpo.

 La muerte asistida es legal solamente en cinco estados norteamericanos, por lo que la joven, residente de Oakland, California, se trasladó junto a su familia al vecino estado de Oregón, que sí permite esta práctica.

 Además, Maynard creó el Fondo Brittany Maynard, en cuya página de internet colgó el pasado jueves un vídeo con el objetivo de promover el “derecho a una muerte digna” en todo el país.

 “Cuando la gente me critica porque no espero más tiempo o porque no sigo lo que ellos decidieron que es mejor para mí, me duele. Porque yo me arriesgo cada día, cada día por la mañana al levantarme”, comentó la joven.

 El pasado enero, poco más de un año después de casarse, Maynard acudió al médico a causa de los fuertes dolores de cabeza que sentía, y le fue diagnosticado un grave tumor cerebral.

 El cáncer avanzó rápidamente y los especialistas informaron a la joven de que sólo le quedaban unos meses de vida, al tiempo que le explicaron el desarrollo previsto de la enfermedad, que le causaría un gran y prolongado dolor antes de terminar con su vida.

 Ante esta situación, la joven decidió trasladarse junto a su familia a Oregón, donde la ley del estado le permitía que los médicos le dieran un fármaco que terminaría con su vida sin causarle dolor, si ella decidía ingerirlo.

 En Estados Unidos solamente en Oregón, el estado de Washington, Montana, Nuevo México y Vermont permiten esta práctica.”

Leído en: Agencia de Noticias Telam  

Relacionados:
Texto de la ley de muerte digna en Argentina (año 2012)
Texto de la Ley 26.529 – SALUD PUBLICA. Derechos del Paciente (año 2009)

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4 Comments »

  1. 2
    Mariela Says:

    Miércoles, 27 de mayo de 2015

    SOCIEDAD › CONMOVEDOR TESTIMONIO DE UN ENFERMO TERMINAL BRITANICO QUE DECIDIO MORIR

    “Es mi derecho a la dignidad”

    Jeffrey Spector era empresario. En 2009 le diagnosticaron cáncer de columna. Ya en estado terminal, decidió viajar a Suiza para un suicidio asistido. “Nunca juzguen a nadie, a menos que hayan llevado sus zapatos”, explicó en una impactante despedida.

    La muerte por suicidio asistido de un empresario inglés ocurrida en Suiza reabrió el debate sobre la eutanasia en Gran Bretaña. Jeffrey Spector fue diagnosticado en 2009 de un cáncer en la parte superior de la columna vertebral que lo dejaría paralítico, y decidió terminar con su vida tras despedirse de los suyos en una cena familiar. Pidió que no lo juzgaran por ello y alegó que lo hacía “por el bien de su familia”. Como la eutanasia es ilegal en el Reino Unido, el británico acudió a una clínica con sede en Zurich, que cobra por el servicio unos 10 mil euros.

    El miércoles pasado, Jeffrey Spector, de 54 años, viajó a Suiza con su familia y amigos. Al día siguiente comió con ellos en un restaurante y todos sonrieron para una foto. Era la última cena: 16 horas después, Spector murió en un centro de suicidio asistido en Zurich. “Me estoy precipitando. Lo llamo la opción menos mala, lo mejor para mi familia en el largo plazo. Me voy antes de mi hora, pero no estoy asustado”, admitió frente a una cámara antes de morir. “Yo era una persona sana, pero mi vida dio un giro de 180 grados. Lo que comenzó como un dolor de espalda en 2008 se convirtió en una enfermedad que me llevó a tomar la decisión más horrible. Mis amigos, y sobre todo mi familia me han instado a no pasar por esto”, recordó el empresario de Lytham St Annes.

    A principios de este año, la salud de Spector se deterioró al punto de que no tardaría en quedar completamente paralítico del cuello para abajo. Su diagnóstico no sólo era poco venturoso sino, también, irreversible. “Si hubiera sido más abajo en la columna vertebral, y sólo perdía el uso de mis piernas, me habría angustiado, pero al menos podía hacer frente a la situación”, remarcó. En los últimos meses, sus dolores aumentaron y el empresario sintió que la parálisis era inminente. Se llamaba a sí mismo “una bomba de tiempo caminando”: “Tenía dificultades para usar las manos y no sentía la presión en los dedos. Percibí que la enfermedad cruzó la línea roja y que estaba cada vez peor”. En consecuencia, pidió una cita para ir a la clínica Dignitas y poner fin a su propia vida.

    En Holanda, Bélgica, Colombia, regiones de España y algunos estados de Australia y de Estados Unidos, la regulación de la eutanasia fue aprobada y declarada inconstitucional sucesivamente a través de los años. Por eso, la legislación es en ciertos casos ambigua. En Suiza, el auxilio al suicidio no es delito: su requisito ineludible es que detrás de la actuación de quien ayuda no haya ninguna motivación egoísta, ni de tipo personal o económico. El país alpino cuenta con tres organizaciones voluntarias que dan apoyo a las personas que lo solicitan –Exit, AMD y Dignitas– y la asistencia del médico no es necesaria, salvo para la prescripción del fármaco letal. En Dignitas –que abrió en 1998 y cobra cerca de 7000 libras (unos 9900 euros) por paciente–, 126 británicos acabaron con su vida por esta vía entre 2008 y 2012, con lo que se reavivó el debate en el Reino Unido. El parlamentario laborista Charles Falconer afirmó que quiere reintroducir un proyecto de ley que apruebe la eutanasia. “Da igual el lado que uno tome en el debate, es un tema que debería volver a ser debatido. No está bien que los enfermos terminales no tengan la opción de acabar con su vida”, dijo.

    Spector –casado y padre de tres hijas de 21, 19 y 15 años– esperó a que su hija menor rindiera los exámenes del secundario para tomar su determinación. “Sé que algunas personas me van a criticar. Pero nunca juzguen a nadie, a menos que hayan llevado sus zapatos. Creo en mi derecho humano a la dignidad. Quiero poder tener una taza de té y sostener un teléfono”, explicó el británico, que el día antes de morir publicó una fotografía cenando en un restaurante con su familia.

    “El está ahora en paz, lejos del miedo que lo rodeó en las últimas semanas de su vida. Apoyamos y respetamos su decisión”, dijeron sus allegados.

    http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-273588-2015-05-27.html

  2. 3
    Mariela MRL Says:

    vía soydondenopienso:

    Texto de la Ley de Muerte Digna

    O.D. – Nº 62/12

    MODIFICACION DE LA LEY QUE REGULA LOS DERECHOS DEL PACIENTE EN RELACION CON LOS PROFESIONALES E INSTITUCIONES DE SALUD (Ley de muerte digna)

    Artículo 1º – Modifícase el inciso e) del artículo 2° de la ley 26.529 – Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud- el que quedará redactado de la siguiente manera:

    e) Autonomía de la voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad.

    Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la ley 26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud.

    En el marco de esta potestad, el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a la perspectiva de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado.

    También podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable.

    En todos los casos la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados no significará la interrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente.

    Art. 2º – Modifícase el artículo 5° de la ley 26.529 – Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud- el que quedará redactado de la siguiente manera:

    Artículo. 5º: Definición. Entiéndese por consentimiento informado, la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada con respecto a:

    a) Su estado de salud;

    b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos;

    c) Los beneficios esperados del procedimiento;

    d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;

    e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto;

    f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados;

    g) El derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría, o que produzcan sufrimiento desmesurado, también del derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable;

    h) El derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento.

    Art. 3º – Modifícase el artículo de 6° de la ley 26.529 – Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud- el que quedará redactado de la siguiente manera:

    Articulo 6º: Obligatoriedad. Toda actuación profesional en el ámbito médico -sanitario, sea público o privado, requiere, con carácter general y dentro de los límites que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente.

    En el supuesto de incapacidad del paciente, o imposibilidad de brindar el consentimiento informado a causa de su estado físico o psíquico, el mismo podrá ser dado por las personas mencionadas en el artículo 21 de la ley 24.193, con los requisitos y con el orden de prelación allí establecido.

    Sin perjuicio de la aplicación del párrafo anterior, deberá garantizarse que el paciente en la medida de sus posibilidades, participe en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario.

    Art. 4º – Incorpórase en el artículo 7° de la ley 26.529, el siguiente inciso:

    f) En el supuesto previsto en el inciso g) del artículo 5° deberá dejarse constancia de la información por escrito en un acta que deberá ser firmada por todos los intervinientes en el acto.

    Art. 5º – Modifíquese el artículo 10 de la ley 26.529 – Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud- el que quedará redactado de la siguiente manera:

    Artículo 10: Revocabilidad. La decisión del paciente, en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser revocada. El profesional actuante debe acatar tal decisión, y dejar expresa constancia de ello en la historia clínica, adoptando para el caso todas las formalidades que resulten menester a los fines de acreditar fehacientemente tal manifestación de voluntad, y que la misma fue adoptada en conocimiento de los riesgos previsibles que la decisión implica.

    Las personas mencionadas en el artículo 21 de la ley 24.193 podrán revocar su anterior decisión con los requisitos y en el orden de prelación allí establecido.

    Sin perjuicio de la aplicación del párrafo anterior, deberá garantizarse que el paciente en la medida de sus posibilidades, participe en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario.

    Art. 6º – Modifíquese el artículo 11 de la ley 26.529 – Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud- el que quedará redactado de la siguiente manera:

    Artículo 11: Directivas anticipadas. Toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes.

    La declaración de voluntad deberá formalizarse por escrito ante escribano público o juzgados de primera instancia, para lo cual se requerirá de la presencia de dos testigos. Dicha declaración podrá ser revocada en todo momento por quien la manifestó.

    Art. 7º – Incorpórase como artículo 11 bis de la ley 26.529 – Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud- el siguiente texto:

    Artículo 11 bis: Ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo a las disposiciones de la presente ley, está sujeto a responsabilidad civil, penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento de la misma.

    Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”

  3. 4
    Mariela MRL Says:

    vía soydondenopienso:

    Ley 26.529 – SALUD PUBLICA. Derechos del Paciente

    B.O. 20/11/09 – Ley 26.529 – SALUD PUBLICA – Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud
    SALUD PUBLICA
    Ley 26.529

    Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud.

    Sancionada: Octubre 21 de 2009

    Promulgada de Hecho: Noviembre 19 de 2009

    El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

    DERECHOS DEL PACIENTE, HISTORIA CLINICA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

    ARTICULO 1º — Ambito de aplicación. El ejercicio de los derechos del paciente, en cuanto a la autonomía de la voluntad, la información y la documentación clínica, se rige por la presente ley.

    Capítulo I. DERECHOS DEL PACIENTE EN SU RELACION CON LOS PROFESIONALES E INSTITUCIONES DE LA SALUD

    ARTICULO 2º — Derechos del paciente. Constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente y el o los profesionales de la salud, el o los agentes del seguro de salud, y cualquier efector de que se trate, los siguientes:

    a) Asistencia. El paciente, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes, tiene derecho a ser asistido por los profesionales de la salud, sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. El profesional actuante sólo podrá eximirse del deber de asistencia, cuando se hubiere hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional competente;

    b) Trato digno y respetuoso. El paciente tiene el derecho a que los agentes del sistema de salud intervinientes, le otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que presente, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes;

    c) Intimidad. Toda actividad médico – asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la Ley Nº 25.326;

    d) Confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente;

    e) Autonomía de la Voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley Nº 26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud;

    f) Información Sanitaria. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud. El derecho a la información sanitaria incluye el de no recibir la mencionada información.

    g) Interconsulta Médica. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria por escrito, a fin de obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud.

    Capítulo II. DE LA INFORMACION SANITARIA

    ARTICULO 3º — Definición. A los efectos de la presente ley, entiéndase por información sanitaria aquella que, de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente, informe sobre su estado de salud, los estudios y tratamientos que fueren menester realizarle y la previsible evolución, riesgos, complicaciones o secuelas de los mismos.

    ARTICULO 4º — Autorización. La información sanitaria sólo podrá ser brindada a terceras personas, con autorización del paciente.

    En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la información a causa de su estado físico o psíquico, la misma será brindada a su representante legal o, en su defecto, al cónyuge que conviva con el paciente, o la persona que, sin ser su cónyuge, conviva o esté a cargo de la asistencia o cuidado del mismo y los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.

    Capítulo III. DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

    ARTICULO 5º — Definición. Entiéndese por consentimiento informado, la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada con respecto a:
    a) Su estado de salud;
    b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos;
    c) Los beneficios esperados del procedimiento;
    d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;
    e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto;
    f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados.

    ARTICULO 6º — Obligatoriedad. Toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, requiere, con carácter general y dentro de los límites que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente.

    ARTICULO 7º — Instrumentación. El consentimiento será verbal con las siguientes excepciones, en los que será por escrito y debidamente suscrito:
    a) Internación;
    b) Intervención quirúrgica;
    c) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos;
    d) Procedimientos que implican riesgos según lo determine la reglamentación de la presente ley;
    e) Revocación.

    ARTICULO 8º — Exposición con fines académicos. Se requiere el consentimiento del paciente o en su defecto, el de sus representantes legales, y del profesional de la salud interviniente ante exposiciones con fines académicos, con carácter previo a la realización de dicha exposición.

    ARTICULO 9º — Excepciones al consentimiento informado. El profesional de la salud quedará eximido de requerir el consentimiento informado en los siguientes casos:

    a) Cuando mediare grave peligro para la salud pública;

    b) Cuando mediare una situación de emergencia, con grave peligro para la salud o vida del paciente, y no pudiera dar el consentimiento por sí o a través de sus representantes legales.

    Las excepciones establecidas en el presente artículo se acreditarán de conformidad a lo que establezca la reglamentación, las que deberán ser interpretadas con carácter restrictivo.

    ARTICULO 10. — Revocabilidad. La decisión del paciente o de su representante legal, en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser revocada. El profesional actuante debe acatar tal decisión, y dejar expresa constancia de ello en la historia clínica, adoptando para el caso todas las formalidades que resulten menester a los fines de acreditar fehacientemente tal manifestación de voluntad, y que la misma fue adoptada en conocimientos de los riesgos previsibles que la misma implica.

    En los casos en que el paciente o su representante legal revoquen el rechazo dado a tratamientos indicados, el profesional actuante sólo acatará tal decisión si se mantienen las condiciones de salud del paciente que en su oportunidad aconsejaron dicho tratamiento. La decisión debidamente fundada del profesional actuante se asentará en la historia clínica.

    ARTICULO 11. — Directivas anticipadas. Toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes.

    Capítulo IV. DE LA HISTORIA CLINICA

    ARTICULO 12. — Definición y alcance. A los efectos de esta ley, entiéndase por historia clínica, el documento obligatorio cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud.

    ARTICULO 13. — Historia clínica informatizada. El contenido de la historia clínica, puede confeccionarse en soporte magnético siempre que se arbitren todos los medios que aseguren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma en tiempo y forma. A tal fin, debe adoptarse el uso de accesos restringidos con claves de identificación, medios no reescribibles de almacenamiento, control de modificación de campos o cualquier otra técnica idónea para asegurar su integridad.

    La reglamentación establece la documentación respaldatoria que deberá conservarse y designa a los responsables que tendrán a su cargo la guarda de la misma.

    ARTICULO 14. — Titularidad. El paciente es el titular de la historia clínica. A su simple requerimiento debe suministrársele copia de la misma, autenticada por autoridad competente de la institución asistencial. La entrega se realizará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de solicitada, salvo caso de emergencia.

    ARTICULO 15. — Asientos. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes y de lo que disponga la reglamentación, en la historia clínica se deberá asentar:
    a) La fecha de inicio de su confección;
    b) Datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar;
    c) Datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad;
    d) Registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes;
    e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere;
    f) Todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y en su caso de certeza, constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y toda otra actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas.

    Los asientos que se correspondan con lo establecido en los incisos d), e) y f) del presente artículo, deberán ser realizados sobre la base de nomenclaturas y modelos universales adoptados y actualizados por la Organización Mundial de la Salud, que la autoridad de aplicación establecerá y actualizará por vía reglamentaria.

    ARTICULO 16. — Integridad. Forman parte de la historia clínica, los consentimientos informados, las hojas de indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas, debiéndose acompañar en cada caso, breve sumario del acto de agregación y desglose autorizado con constancia de fecha, firma y sello del profesional actuante.

    ARTICULO 17. — Unicidad. La historia clínica tiene carácter único dentro de cada establecimiento asistencial público o privado, y debe identificar al paciente por medio de una “clave uniforme”, la que deberá ser comunicada al mismo.

    ARTICULO 18. — Inviolabilidad. Depositarios. La historia clínica es inviolable. Los establecimientos asistenciales públicos o privados y los profesionales de la salud, en su calidad de titulares de consultorios privados, tienen a su cargo su guarda y custodia, asumiendo el carácter de depositarios de aquélla, y debiendo instrumentar los medios y recursos necesarios a fin de evitar el acceso a la información contenida en ella por personas no autorizadas. A los depositarios les son extensivas y aplicables las disposiciones que en materia contractual se establecen en el Libro II, Sección III, del Título XV del Código Civil, “Del depósito”, y normas concordantes.

    La obligación impuesta en el párrafo precedente debe regir durante el plazo mínimo de DIEZ (10) años de prescripción liberatoria de la responsabilidad contractual. Dicho plazo se computa desde la última actuación registrada en la historia clínica y vencido el mismo, el depositario dispondrá de la misma en el modo y forma que determine la reglamentación.

    ARTICULO 19. — Legitimación. Establécese que se encuentran legitimados para solicitar la historia clínica:

    a) El paciente y su representante legal;

    b) El cónyuge o la persona que conviva con el paciente en unión de hecho, sea o no de distinto sexo según acreditación que determine la reglamentación y los herederos forzosos, en su caso, con la autorización del paciente, salvo que éste se encuentre imposibilitado de darla;

    c) Los médicos, y otros profesionales del arte de curar, cuando cuenten con expresa autorización del paciente o de su representante legal.

    A dichos fines, el depositario deberá disponer de un ejemplar del expediente médico con carácter de copia de resguardo, revistiendo dicha copia todas las formalidades y garantías que las debidas al original.

    Asimismo podrán entregarse, cuando corresponda, copias certificadas por autoridad sanitaria respectiva del expediente médico, dejando constancia de la persona que efectúa la diligencia, consignando sus datos, motivos y demás consideraciones que resulten menester.

    ARTICULO 20. — Negativa. Acción. Todo sujeto legitimado en los términos del artículo 19 de la presente ley, frente a la negativa, demora o silencio del responsable que tiene a su cargo la guarda de la historia clínica, dispondrá del ejercicio de la acción directa de “habeas data” a fin de asegurar el acceso y obtención de aquélla. A dicha acción se le imprimirá el modo de proceso que en cada jurisdicción resulte más apto y rápido.

    En jurisdicción nacional, esta acción quedará exenta de gastos de justicia.

    ARTICULO 21. — Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiere corresponder, los incumplimientos de las obligaciones emergentes de la presente ley por parte de los profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales constituirán falta grave, siendo pasibles en la jurisdicción nacional de las sanciones previstas en el título VIII de la Ley 17.132 —Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares de las mismas— y, en las jurisdicciones locales, serán pasibles de las sanciones de similar tenor que se correspondan con el régimen legal del ejercicio de la medicina que rija en cada una de ellas.

    Capítulo V. DISPOSICIONES GENERALES

    ARTICULO 22. — Autoridad de aplicación nacional y local. Es autoridad de aplicación de la presente ley en la jurisdicción nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, y en cada una de las jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la máxima autoridad sanitaria local.

    Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente ley en lo que es materia del régimen de sanciones y del beneficio de gratuidad en materia de acceso a la justicia.

    ARTICULO 23. — Vigencia. La presente ley es de orden público, y entrará en vigencia a partir de los NOVENTA (90) días de la fecha de su publicación.

    ARTICULO 24. — Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días contados a partir de su publicación.

    ARTICULO 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

    DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

    — REGISTRADA BAJO EL Nº 26.529

    — JULIO C. C. COBOS. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada


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